En medio de una de las crisis fiscales más profundas de las últimas décadas, el Congreso aprobó aumentos para las universidades públicas, pero gran parte de esas decisiones fueron vetadas por el Ejecutivo. Lo que en el papel parece un choque administrativo, en las calles se traduce en paros, marchas y tomas: la educación pública se convierte en epicentro de un debate que toca las fibras más sensibles de la ciudadanía.

Para rectores y gremios, el presupuesto 2026, con un incremento del 8 % en educación, no alcanza. Señalan que los fondos “consolidan el ajuste” y podrían poner en riesgo la investigación y la vida académica. Para el Ejecutivo, en cambio, cada cifra representa una medida de responsabilidad fiscal: gastar más sin equilibrio podría afectar otros sectores críticos, y el aumento previsto ya responde a esa prudencia económica.

La tensión entre las necesidades del sistema educativo y los límites del Estado genera preguntas que no tienen respuestas fáciles: ¿puede la política garantizar la preservación de la cultura y la educación sin comprometer la estabilidad económica? Algunos sostienen que los números deben guiar la toma de decisiones, otros afirman que sacrificar la educación es sacrificar la esencia de la humanidad: la memoria, el pensamiento y la creatividad.

Mientras los estudiantes marchan y los rectores advierten, el lector queda frente a un dilema: ¿debe priorizarse la prudencia fiscal o la defensa del patrimonio educativo como bien común? Cada decisión, cada veto, cada ley, hace estremecer las aulas, recordando que la política, cuando respira, mueve mucho más que cifras: mueve vidas.